Despido injustificado en RepubicaDominicana

 

En un fallo histórico, un tribunal argentino condenó el lunes a dos curas a 42 y 45 años de prisión luego de encontrarlos culpables de abusar y corromper a once chicos sordos en el Instituto Próvolo, ubicado en la provincia de Mendoza. También fue condenado el jardinero de la institución, Armando Gómez: recibió una pena de 18 años al determinarse que, debido a que era una persona analfabeta y de poca instrucción, era “claramente influenciable”.

Los curas condenados son el italiano Nicola Corradi (83) y su segundo, Horacio Corbacho (59). Desde que las acusaciones de las primeras víctimas tomaron estado público en 2016, nuevos casos comenzaron a apilarse en los tribunales para describir una serie de prácticas aberrantes que tuvieron lugar no solo en la sede de Mendoza, pero también en la ciudad de La Plata -en Buenos Aires- y en otras partes del mundo.

De hecho, el presente caso es el de principal magnitud. Pero otros tres se desarrollan y desarrollaron en Argentina. En uno fue condenado el monaguillo Jorge Bordón -a 10 años de prisión- mientras que otros dos se encuentran en trámite. Y Corradi, el religioso de mayor jerarquía en el instituto, ya tenía un historial de acusaciones que se remonta a la década de 1950 en la sede donde se desempeñaba previamente, en la ciudad italiana de Verona.

Conocidas las primeras acusaciones, las autoridades mendocinas también empezaron a recibir testimonios de vejaciones ocurridas en la sede de La Plata del Instituto Provolo, lo que dio pie a la apertura de la nueva investigación allí.

La conjunción de los distintos factores que hacen a los casos generó duras críticas hacia la manera en que la Iglesia Católica abordó los hechos.

Los testimonios recabados a lo largo de los años son extremadamente gráficos. Una víctima expresó que se desmayaba del dolor que le producían las vejaciones; otra que se cortaba a sí misma de manera regular como consecuencia del trauma; y otros coincidieron en indicar que, además de practicar los abusos, los sacerdotes forzaban a los niños más grandes a explotar a los más chicos.

En total, los acusados fueron encontrados culpables de 28 ataques y torturas sexuales entre 2005 y 2016, y fueron absueltos en otros por falta de acusación por parte del fiscal o por el beneficio de la duda. Sus víctimas tenían entre 7 y 17 años de edad.

Corradi recibió 42 años de cárcel por hechos en grado de autoría y coautoría o partícipe necesario, con figuras como la promoción de la corrupción de menores. Corbacho recibió otros 45 años por hechos que incluyeron imputaciones como abuso simple y con acceso carnal agravados por ser el encargado de la guarda de sus víctimas y ser ministro de culto, además de aprovechar la convivencia, la misma figura que le fue aplicada a Corradi.

Corbacho se ha proclamado inocente y los otros dos imputados se han negado a declarar. En ocasión de la última audiencia, los tres acusados rechazaron dar unas últimas palabras tras ingresar a la sala del tribunal. Los familiares de las víctimas se reunieron con pancartas a las puertas del tribunal, como ya lo habían hecho en audiencias previas, con carteles alusivos.

 La lectura del veredicto, al ser un caso con delitos de instancia privada, fue realizada a puertas cerradas aunque el Servicio de Información Judicial de Mendoza lo transmitió por Youtube. El Tribunal mantuvo en reserva los nombres de las víctimas al relatar cada uno de los hechos.

De acuerdo con la acusación de la fiscalía, los abusadores buscaban garantizar el silencio de los niños -la mayoría de ellos de escasos recursos económicos- mediante amenazas: les decían que los expulsarían o que matarían a sus padres si les revelaban lo que sucedía.

Además, reducían adrede su capacidad de comunicación porque en el instituto no se enseñaba lenguaje de señas. Que sus víctimas tuvieran la facultad de comunicarse garantizaba la reducción de sus habilidades de realizar denuncias.

Los testimonios públicos

Además de describir sus padecimientos en los tribunales, distintas víctimas dialogaron al respecto con los medios.

“Era muy mala la vida ahí adentro. Nosotros no aprendíamos nada, no teníamos comunicación, no sabíamos lengua de señas, escribíamos y no sabíamos qué, preguntábamos a otros compañeros y, también, nadie entendía nada”, Ezequiel Villalonga

Otro de ellos, llamado Yoel, contó al diario local Los Andes que allí los abusos “siempre eran de noche” y que a los niños que dormían en el instituto se los obligaba a quitarse los audífonos para ir a dormir, para que no escucharan los gritos.

J.J.R fue violado al menos 8 veces mientras estuvo en el instituto. En ocasiones hasta llegaba a desmayarse por el dolor que sufría durante esos ataques. Contó cómo en una de las oportunidades el cura Corradi encontró a dos violadores mientras atacaban al ex alumno. Lejos de hacer la denuncia correspondiente, se limitó a ordenarle a Gómez y al otro ex empleado que se retiraran  a sus habitaciones.

Luego de los abusos, los criminales se encargaban de trasladar al joven misionero al médico. Las consultas ocurrían siempre fuera del instituto, de acuerdo al relato del joven.

Más allá de esto, no existen registros en la causa ni ninguna denuncia de un profesional de la salud referidas a atenciones a un ex alumno del Próvolo por lesiones de este tipo, por lo que no se descarta que la Justicia guíe parte de los focos a estos episodios.

Ya atendido por los médicos, a J.J.R. lo llevaban generalmente a un local de comidas rápidas y allí le compraban una hamburguesa con papas fritas, presumbiblemente para garantizar su silencio.

Su familia descubrió sus padecimientos cuando, de vacaciones en su provincia natal de misiones, su madre lo llevó a un control médico porque evidenciaba dolores.

La victima cuenta que viajaron ese mismo día a Mendoza, porque ella fue a pedir explicaciones en el instituto por lo que había observado el médico", relató una fuente de la investigación. Esa fue la última vez que J.J.R. pisó el Próvolo.

Los antecedentes de Corradi

El cura llegó a la Argentina en 1970 para dirigir el Instituto Próvolo de La Plata, proveniente de la sede de Verona. Casi 40 años más tarde, en 2009, , la revista italiana L’Espresso de Milán reveló acusaciones de prácticas similares en ese instituto.

En ese entonces, un grupo de 67 exalumnos revelaron los abusos a los que habían sido sometidos entre las décadas de 1950 y 1980 y acusaron al Vaticano de “encubrir” a los abusadores. el nombre de corradi apareció en esa revelación.

La diócesis de Verona llevó a cabo su propia investigación al respecto y sancionó a cuatro de los 24 acusados, entre los que no estaba Corradi. En ningún caso hubo un proceso penal porque el delito ya había prescrito.

En la década del ’90, Corradi fue trasladado de La Plata a Mendoza, donde cometería los crímenes por los cuales fue condenado el lunes.

Cuestionamientos al rol de la Iglesia Católica

La cantidad de abusos, su magnitud y el hecho de que ocurrieran a lo largo de varias décadas y en distintas partes del mundo posaron también el foco de atención sobre el accionar de la Iglesia Católica, tanto en la Argentina y en Verona como en su centro neurálgico, el Vaticano.

El Arzobispado de Mendoza sostuvo que desconocía los antecedentes del cura italiano cuando llegó a la provincia y que el sacerdote no dependía de esa institución sino de una congregación religiosa con sede en Italia de derecho pontificio.

Tanto las víctimas italianas del Instituto Próvolo como las de las dos sedes argentinas aseguran que la Iglesia sabía sobre las acciones de Corradi y no obstante lo pusieron a cargo de niñas y niños sordos en Argentina.

El nombre de Corradi apareció públicamente en Italia por segunda vez en 2014. Fue en una carta dirigida al Papa, en la que las supuestas víctimas italianas apuntaron a varios curas que seguían activos, Corradi entre ellos.

El Vaticano tomó su primera acción oficial respecto de los abusos en 2017: envió a dos sacerdotes argentinos a investigar lo ocurrido en Mendoza. El vicario judicial Dante Simón, uno de esos responsables, dijo a la que los hechos denunciados son “horribles” y “más que verosímiles”.

En un informe que elevó en junio de ese año al Vaticano, Simón pidió la aplicación de la máxima pena para Corradi y Corbacho: “que sean dimitidos directamente por el Santo Padre”. La Santa Sede tiene la potestad exclusiva de despojarlos de sus investiduras religiosas.

Las otras investigaciones

Hasta el lunes había un único condenado por los abusos en el Próvolo. El Monaguillo Jorge Bordón, que trabajó como administrativo en el instituto, admitió su culpabilidad en 2018 en un juicio abreviado y fue condenado a 10 años de prisión por 11 casos de violación y corrupción de menores.

 una de sus victimas contó que al día de hoy tiene pesadillas con los abusos y el trauma la lleva a cortarse a sí misma. “A veces dejaba la luz prendida y yo me quedaba mirando la pared, sin moverme. Cuando me tocó la primera vez me miró muy de cerca, me puso el dedo en la boca, como diciéndome que no la abriera. Dijo que me iban a expulsar a mí y a mi hermana si decía algo”, expresó.

Otros dos casos se encuentran abiertos. Uno involucra a Kumiko Kosaka, una monja nacida en Japón y criada en Argentina a la que muchos de los testigos destacaron por su crueldad.

Kosaka era llamada “la monja mala” porque se dice que azotaba a los niños. Sin embargo, los crímenes de los que se le acusa van más allá de la violencia física. Tiene nueve imputaciones como partícipe primaria en los abusos cometidos por los curas pedófilos. Se la acusó, entre otras cosas, de ponerle pañales a los chicos abusados para disimular los sangrados y de seleccionar a los más “sumisos” para entregárselos a los curas abusadores. También se le acusa de haber abusado ella misma.

El pasado abril la Justicia resolvió otorgarle la libertad previo pago de una fianza que se fijó en 2 millones de pesos. Pero en octubre, luego de que se agregaran nuevas acusaciones a la causa, se dispuso que la religiosa continúe con prisión preventiva domiciliaria en un convento, con el uso de tobillera electrónica.

La tercera causa involucra a la monja Asunción Martínez, la ex apoderada Graciela Pascual y ex docentes y empleados.

Fueron las autoridades argentinas las que ordenaron el cierre del Instituto en la ciudad mendocina de Luján de Cuyo en 2016. Las autoridades del departamento de lujan de cuyo adquirieron el terreno en agosto de este año y lo convirtieron en un Parque Cívico, donde se instalaron las dependencias administrativas de la municipalidad.